El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, hizo lugar a una cautelar para el presidente Javier Milei cumpla con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo promulgó la norma el pasado 21 de octubre, pero suspendió su aplicación hasta que no se aclaren las partidas presupuestarias.

La medida judicial se da a partir de un pedido formulado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), uno de los impulsores de la Ley 27.795. Los artículos mencionados refieren a la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales y del monto de becas estudiantiles.

Luego de que el Gobierno suspendiera la aplicación de la norma, el CIN inició un proceso colectivo a fines de octubre pasado, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento inmediato de la ley, centrándose especialmente en la recomposición salarial de docentes y no docentes, y las becas de los estudiantes.



En ese marco, el juez Martín Cormick dispuso este lunes: "Admitir la cautelar solicitada por la actora declarando inaplicable a su respecto, lo dispuesto en el decreto 795/2023 aquí impugnado en cuanto dispone al promulgar la ley 27.795 que "...por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 24.629, quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el H. CONGRESO DE LA NACION, determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere".

El magistrado consideró que "se encontraría conformado un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, en tanto la lesión de los derechos o garantías reconocidos son consecuencia del acto u omisión de la autoridad pública de forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos".

En el proyecto de Presupuesto 2026, el gobierno nacional incluyó un artículo en el Capítulo 11 para derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, dos normas que fueron aprobadas por amplio margen por los bloques opositores y que el Ejecutivo nunca aplicó.

Finalmente, en el debate por el Presupuesto, la oposición volvió a unirse y rechazó por completo el Capítulo que incluía las derogaciones, lo que causó enojo en la Casa Rosada, donde esperaban contar con los apoyos necesarios para aprobar todo.